La administración nacional liderada por Javier Milei ha anunciado un aumento salarial que beneficiará a los empleados públicos en el mes de diciembre. Esta medida, que busca aliviar la situación económica de los trabajadores estatales, fue formalizada con la firma del propio Milei, junto al ministro Guillermo Francos y la secretaria Sandra Petovello. Según las autoridades, este incremento representa un esfuerzo significativo por parte del gobierno para ajustar los salarios del sector público a la inflación vigente.
El aumento ha generado diversas reacciones entre los sindicatos que representan a los trabajadores estatales. Mientras que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ha mostrado su aceptación a la medida, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha manifestado su rechazo. Esta diferencia de opiniones refleja las complejidades y tensiones actuales en el ámbito laboral del sector público. La UPCN ha destacado que el aumento es un paso positivo y una victoria en su labor de negociación, aunque advierten que continuarán esforzándose para asegurar mejoras adicionales en las condiciones laborales.
Por otro lado, desde ATE se han mostrado críticos con la medida, argumentando que el aumento no es suficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores han sufrido en los últimos años. La organización sindical sostiene que el incremento propuesto por el gobierno es insuficiente frente a la inflación acumulada. Además, consideran que la administración de Milei debería implementar políticas más integrales para combatir la precarización laboral y mejorar las condiciones de trabajo en el sector público.
El contexto de este aumento salarial está enmarcado en el comienzo del examen de “idoneidad” para todos los miembros de la Administración Pública Nacional, otro tema controversial implementado por el gobierno de Milei. Esta evaluación busca asegurar que todos los empleados públicos cumplan con los estándares de competencia necesarios para sus puestos, pero ha generado preocupación y resistencia entre algunas filas del sector público, que lo ven como una posible herramienta de ajuste y recortes laborales. La medida tomada por el gobierno es un punto de interés en el panorama político y laboral del país, y continúa siendo observada de cerca por analistas y trabajadores.
