En un movimiento que ha encendido alarmas en sectores clave de la industria argentina, el gobierno de Javier Milei pretende implementar un conjunto de medidas que modificarán la operativa aduanera existente. En una decisión que busca agilizar el comercio internacional y fomentar la competitividad, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que se eliminará la participación de veedores empresariales en los controles de importaciones y además, desaparecerán todos los valores de referencia para las exportaciones.
La justificación oficial apunta a simplificar los procedimientos y reducir costos para las empresas exportadoras e importadoras, con el objetivo de dinamizar la economía y atraer más inversiones extranjeras. Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. Representantes de la industria han manifestado su preocupación ante lo que consideran una potencial amenaza para el equilibrio del mercado local. “Esta política podría abrir las puertas a una avalancha de productos importados que competirán deslealmente con la producción nacional debido a la falta de controles adecuados”, expresó Ana Gómez, presidenta de la Cámara de la Industria Nacional.
A su vez, las autoridades económicas del gobierno defienden su postura argumentando que la eliminación de los valores de referencia busca dar mayor flexibilidad a las empresas exportadoras argentinas, permitiéndoles ajustar sus precios según las demandas del mercado internacional sin las restricciones que imponen los valores predeterminados. Sin embargo, los críticos hacen hincapié en la necesidad de un balance que impida prácticas fraudulentas y asegure equidad en el comercio. Además, la remoción de veedores empresariales deja espacio a la inquietud de que las operaciones podrían volverse menos transparentes, lo que aumenta el riesgo de prácticas comerciales deshonestas y genera desconfianza en los sistemas de control estatales.
Mientras el gobierno de Milei avanza con estas reformas, la industria se mantiene vigilante, esperando que se concreten mecanismos alternativos para asegurar que el comercio no se convierta en un terreno de competencia desleal. La implementación de estas medidas podrá definir en gran medida el rumbo económico del país y su habilidad para sostener un mercado interno robusto frente a los desafíos de una economía globalizada. Expertos sugieren la necesidad de un diálogo constante entre el sector público y privado para optimizar las reformas sin desproteger a la industria nacional que todavía enfrenta significativos desafíos estructurales.
