El Gobierno de Argentina ha dado un paso significativo hacia la modernización de los procesos administrativos con la implementación definitiva del mecanismo conocido como “silencio positivo” en más de 500 trámites que se realizan a nivel nacional. Desde la obtención de licencias de conducir hasta la inscripción en diversos registros públicos, este nuevo sistema, que comenzó a regir plenamente desde ayer, busca agilizar y simplificar el procedimiento burocrático, habitualmente criticado por su lentitud e ineficiencia. La medida forma parte de un esfuerzo mayor enmarcado en la ley de Bases Generales de Procedimientos Administrativos, que busca armonizar y optimizar el flujo de las gestiones institucionales.
Este enfoque del silencio positivo establece que, ante la falta de respuesta de una autoridad administrativa dentro de los plazos estipulados para la resolución de un trámite, se asumirá dicha resolución como favorable para el solicitante. Esta normativa tiene como objetivo principal reducir la dilación en la gestión de trámites que, por su naturaleza, no deberían requerir extensivos tiempos de evaluación, así como brindar mayor certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos. El Ministro de Modernización, quien ha encabezado esta iniciativa, explicó que este cambio no solo busca hacer más eficientes los recursos del Estado, sino también empoderar a los ciudadanos, permitiéndoles avanzar con sus proyectos personales y profesionales de manera expedita.
Históricamente, los procedimientos administrativos en el país han sido blancos de fuertes críticas debido a los prolongados tiempos de espera, que no solo generan frustración entre los usuarios, sino que también afectan la productividad y la competitividad del sector empresarial. El silencio positivo, ampliamente utilizado en diferentes países con éxito, representa un cambio de paradigma en la relación entre el ciudadano y la administración pública. Al otorgar implícitamente la razón al solicitante ante la inacción del responsable administrativo, se obliga a las instituciones a ser más eficientes y responsables en la gestión de sus funciones. No obstante, no todos los trámites estarán sujetos a esta normativa; las excepciones incluirán aquellos procesos relacionados con la seguridad pública, la salud y otras áreas sensibles, donde se requerirá un análisis más exhaustivo y detallado.
El lanzamiento del nuevo sistema ha sido acompañado por una amplia campaña de comunicación pública, que pretende informar a los ciudadanos sobre sus derechos y los nuevos tiempos de respuesta que pueden esperar de las diferentes oficinas gubernamentales. Asimismo, se ha puesto en marcha una serie de capacitaciones dirigidas a los empleados estatales implicados en la implementación de esta regla, con el fin de alinear sus procedimientos con las exigencias que el silencio positivo impone. De acuerdo con los primeros sondeos de opinión realizados entre los usuarios del sistema gubernamental, la adopción de este mecanismo ha sido recibida con expectativas positivas, aunque también con un escepticismo cauteloso por parte de aquellos que han experimentado anteriormente las deficiencias del sistema administrativo argentino.
