En un movimiento estratégico que busca redefinir el papel del Estado en la economía argentina, el Gobierno ha identificado 129 compañías en las que actualmente mantiene algún tipo de participación. Este esfuerzo se enmarca dentro de un plan más amplio para transferir estas entidades al sector privado con el objetivo no solo de reducir la carga financiera que implican para el erario público, sino también de optimizar su funcionamiento a través de una gestión privada más eficiente.
La iniciativa va más allá de un enfoque tradicional de privatización. Según fuentes cercanas al proyecto, uno de los principales criterios que se manejan es la posibilidad de canjear estos activos estatales en sociedades con provincias por deudas que estas mantienen con el Gobierno nacional. Esto plantea una solución creativa y bilateral que podría beneficiar tanto al Ejecutivo central como a las administraciones provinciales al ofrecer un mecanismo de compensación que evite recurrir a instrumentos de deuda o ajustes fiscales directos que podrían impactar en las economías locales.
Esta estrategia de canje no es nueva en el contexto argentino, pero sí es inusual en el contexto de privatización de activos estatales. Las autoridades buscan implementar un proceso transparente y ordenado que permita a las provincias incrementar su participación en empresas locales críticas, evitando a la vez complejas negociaciones de condonación o reestructuración de deudas. La efectividad de este plan requerirá un equilibrio cuidadoso al definir qué activos son intercambiables y cuáles las condiciones específicas para cada provincia, de modo que se eviten conflictos interjurisdiccionales o desigualdades percibidas en el trato recibido.
El proceso ya se encuentra en etapas avanzadas, con mesas de negociación establecidas entre representantes del Gobierno nacional y de las provincias involucradas. También es probable que el sector privado, en eventual colaboración público-privada, tenga un papel esencial en el nuevo esquema propiedad-administración una vez se realicen estos cambios. Se avecinan discusiones significativas sobre términos de transferencia, valoración de las empresas y salvaguardias para proteger derechos laborales y de los actuales usuarios de los servicios que estas compañías proporcionan. La atención pública está puesta en cómo este esquema de privatización y canje será implementado y si realmente logrará los objetivos de saneamiento económico y revitalización de los sectores estratégicos que forman parte de las 129 empresas señaladas.
