El gobierno encabezado por Javier Milei ha dado un importante paso en su estrategia para reducir la participación estatal en la economía mediante la privatización de empresas públicas. Este movimiento es parte de lo que Milei define como su lucha “contra la casta política”. El primer lote de compañías que serán trasladadas a manos privadas está compuesto por 59 entidades, abarcando diversos sectores de la economía, desde servicios básicos hasta industrias más especializadas.
Milei ha defendido vigorosamente la privatización de estas empresas como un medio para mejorar la eficiencia, reducir el déficit fiscal y fomentar la libre competencia. Según él, la gestión estatal a menudo está plagada de ineficiencias y corrupción, características que, afirma, son inherentes a lo que denomina la “casta política”. Para abordar este cambio, el gobierno ha diseñado un esquema basado en seis mecanismos diferentes que guiarán el proceso de transferencia al sector privado.
Estos mecanismos incluyen desde la venta directa al mejor postor, procesos de concesión, subastas públicas, hasta la conversión de empresas en cooperativas dirigidas por los propios trabajadores. También prevén incentivar asociaciones público-privadas (APP) como una forma de conservar parte del control estatal mientras se beneficia de la eficiencia del sector privado. Cada uno de estos métodos será evaluado y aplicado según la naturaleza de la empresa y el contexto económico en el que opera. Este enfoque busca no solo maximizar los ingresos por la venta de los activos del estado, sino también asegurar que la transición sea lo menos disruptiva posible para los empleados y los servicios que ofrecen.
Si bien el plan ha recibido apoyo de ciertos sectores que ven en la privatización una vía hacia el desarrollo económico, no han faltado críticas y protestas. Grupos de trabajadores y sindicatos se han manifestado preocupados por el impacto en el empleo y las condiciones laborales. Además, existe un debate en torno a la posible pérdida de control estatal sobre sectores estratégicos y esenciales para la soberanía nacional. En respuesta a estos cuestionamientos, el gobierno ha prometido medidas de mitigación para proteger a los trabajadores y asegurar que los servicios esenciales continúen operando de manera eficiente. Mientras el debate continúa, el gobierno se prepara para implementar las primeras operaciones de privatización, prometiendo transparencia y responsabilidad en cada etapa del proceso.
