En el contexto actual de la economía argentina, se habla cada vez más sobre la posibilidad de que el impuesto al valor agregado (IVA) sea federalizado. Esta medida, que podría simplificar el sistema tributario, plantea interrogantes sobre cómo se determinaría el alícuota a cobrar en cada provincia, así como las repercusiones que tendría en los bolsillos de los consumidores. Según se ha estimado, es posible que un consumidor del Gran Buenos Aires pueda experimentar una reducción aproximada de 4 puntos en el IVA al cruzar la General Paz. Pero, ¿cuál sería la situación en lugares como Catamarca y cómo se harían las asignaciones totales en cada rincón del país?
Actualmente, el IVA en Argentina tiene una alícuota general del 21% y una tasa reducida del 10.5% para ciertos productos y servicios, aunque existen excepciones en cada provincia que han generado un importante debate sobre la equidad fiscal. La propuesta de federalizar el IVA busca equilibrar ese aspecto y evitar distorsiones, que actualmente benefician a algunos distritos y perjudican a otros. Sin embargo, esto significaría un profundo cambio en la recaudación y en la distribución de recursos federales, ya que muchas provincias dependen en gran medida de la recaudación de este tributo. En este sentido, una de las preguntas que surge es: ¿cómo se calcularían las tasas que corresponderían a cada provincia si el IVA se federaliza?
Para entenderlo mejor, es esencial analizar la situación actual del IVA en Argentina. Las provincias tienen diferentes alícuotas y aplicaciones de este impuesto, lo que ha llevado a una situación de competencia fiscal y fuga de consumidores hacia zonas donde el IVA es más bajo. En este sentido, Lomas de Zamora, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, y localidades que bordean otras provincias, pueden ofrecer precios más competitivos que aquellos situados un poco más al norte o al oeste del Gran Buenos Aires. De esta forma, el consumidor argentino está directamente influenciado por la política fiscal de la región donde reside, lo que revela una inequidad en el acceso a bienes y servicios.
Así, el cambio en la implementación del IVA brindaría la oportunidad de redefinir estas políticas. En teoría, un esquema de distribución equitativo podría fijar un IVA de acuerdo al desarrollo económico de cada provincia, así como a sus ingresos y necesidades. Las provincias más ricas y desarrolladas podrían afrontar un IVA más elevado, lo que podría permitir a las provincias más pobres, como Catamarca, establecer un IVA inferior. Esto se traduce en que un consumidor que cruce la General Paz podría no solo encontrarse con una diferencia en el IVA aplicado, sino también en otros cargos impositivos que podrían variar considerablemente de un lugar a otro, potenciando aún más la inequidad entre las regiones argentinas.
Respecto a cómo se determinarían estas tasas, se podría implementar un modelo basado en la necesidad fiscal de cada jurisdicción. Por ejemplo, provincias con un desarrollo industrial menor y un alto nivel de pobreza podrían optar por un IVA del 17%, mientras que las más pujantes, como CABA o Buenos Aires, podrían tener un IVA del 21%. A su vez, esto podría permitir que los consumidores en Catamarca en vez de pagar un 21%, pagaran un 17% por productos básicos, incentivando así la compra en su región en lugar de trasladarse a otros distritos y favorecer una dinámica comercial que favorezca el desarrollo local.
Por otro lado, se debe considerar que las provincias podrían verse obligadas a ajustarse a un esquema de redistribución que haga viable el ajuste. Básicamente, algunas provincias con altísimos índices de pobreza se beneficiarían al implementar un IVA más bajo, a la vez que recibirían una compensación de las provincias que tienen un IVA más alto, lo que podría contribuir positivamente a su desarrollo a largo plazo. Además, esto implicaría un fuerte esfuerzo por parte del gobierno nacional para gestionar esta transición, creando un marco normativo que permita aterrizar este complejo entramado. Este esfuerzo será esencial para minimizar la resistencia y el descontento que podría surgir de las regiones que no perciban los beneficios inmediatos de la federalización del IVA.
Sin duda, cada provincia tendría sus propias particularidades a tener en cuenta al momento de establecer el IVA. Inteligentemente, se podrían considerar otros factores como el costo de vida, la carga fiscal actual, el desarrollo industrial y comercial, y hasta los precios de los productos más consumidos en cada región. La propuesta de federalizar el IVA no es solo un cambio en la alícuota, sino un reordenamiento completo de la estructura fiscal que podría dar lugar a un sistema más justo y equitativo para todos los argentinos.
En conclusión, la posibilidad de que el IVA sea federalizado en Argentina abre un abanico de oportunidades para reconfigurar el sistema tributario. Si bien es un proyecto ambicioso, su implementación necesitará de un análisis profundo y de un consenso que contemple los intereses de cada provincia. Este cambio también puede ser una oportunidad crucial para generar un impacto positivo en las economías más perjudicadas, de manera que todos los ciudadanos, sin importar la provincia en la que se encuentren, puedan tener acceso a un sistema fiscal más justo, simplificando la carga tributaria y promoviendo el desarrollo equitativo. El desafío ahora será lograr que todos los actores políticos y económicos se alineen detrás de esta reforma que podría cambiar el rumbo del país.
