En un movimiento significativo por parte del gobierno de Javier Milei, se ha anunciado la eliminación de tres importantes fondos fiduciarios. Esta decisión fue oficializada con las firmas del propio Javier Milei, del director del Banco Central Guillermo Francos, y del ministro de Economía y Finanzas, Luis Caputo. Según las autoridades, la medida se ha tomado como un “resguardo de una mejor administración de los recursos públicos”, un argumento que busca apaciguar las críticas que surgen en torno a las posibles repercusiones de esta decisión.
Los fondos fiduciarios eliminados son el “Fondo de Inclusión Social”, el “Fondo de Infraestructura Escolar” y el “Fondo de Promoción del Empleo”. Estos instrumentos financieros habían sido creados con el objetivo de canalizar recursos hacia áreas consideradas críticas para el desarrollo social y económico del país. Sin embargo, el gobierno de Milei ha defendido que estos fondos no estaban cumpliendo con la eficiencia necesaria y que su eliminación permitirá reorientar los recursos hacia iniciativas más efectivas y con mayores impactos positivos.
El “Fondo de Inclusión Social” era responsable de financiar proyectos relacionados con la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Por su parte, el “Fondo de Infraestructura Escolar” se destinaba a la construcción y mantenimiento de edificios educativos, asegurando condiciones dignas para el aprendizaje en las escuelas argentinas. Finalmente, el “Fondo de Promoción del Empleo” tenía como objetivo principal la financiación de programas de capacitación y creación de empleo, particularmente en áreas con alta tasas de desempleo.
Las críticas a la eliminación de estos fondos no se han hecho esperar. Diversos sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en las prestaciones sociales. Argumentan que, si bien la eficiencia en el uso de los recursos públicos es crucial, la supresión de estos fondos podría dejar a muchos programas sociales sin financiamiento adecuado, afectando a miles de beneficiarios en todo el país. A su vez, se genera incertidumbre sobre cómo el gobierno planea asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan en un contexto económico que sigue siendo desafiante.
El gobierno, por su parte, asegura que se implementarán mecanismos alternativos para garantizar que las áreas críticas como la educación, el empleo y la inclusión social no se vean desprotegidas. Prometen que los recursos se utilizarán de manera más directa y se buscará evitar la burocracia que, según argumentan, obstaculizaba la óptima distribución de los fondos hasta ahora. No obstante, la comunidad permanece expectante y vigilante, observando cómo se desarrollarán estas promesas en el terreno práctico durante los próximos meses.
