Los contribuyentes y usuarios de servicios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se preparan para enfrentar dificultades en sus trámites debido al anuncio de un apagón informático. Este paro, previsto para ejecutarse entre el miércoles y el viernes próximos, será llevado a cabo por los empleados de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Aduana, quienes han comunicado un cese de actividades durante dos horas diarias, de 10 a 12 de la mañana. Esta medida es parte de una serie de acciones en reclamo de mejores condiciones laborales y una actualización salarial acorde a la inflación que aqueja al país.
Durante las horas del apagón, se espera una gran afectación en la realización de trámites administrativos y gestiones en línea, lo cual podría provocar retrasos en diversas operaciones usualmente gestionadas por el organismo. Entre los procesos más relevantes que podrían sufrir demoras, se encuentran las declaraciones juradas, la emisión de facturas electrónicas y los trámites relacionados con la importación y exportación de mercancías. Los contribuyentes han sido advertidos de estos inconvenientes, por lo que se recomienda realizar gestiones anticipadamente siempre que sea posible para evitar inconvenientes mayores.
Además del impacto directo en las operaciones cotidianas de la AFIP, el apagón informático podría tener consecuencias más amplias en el flujo económico del país. La importación y exportación de bienes, por ejemplo, son procesos críticos que podrían ver ralentizados sus tiempos habituales, afectando especialmente a empresas que dependen de estos mecanismos para su funcionamiento diario. Así, mientras los empleados de la AFIP buscan hacer valer sus derechos y reclamos legítimos, los contribuyentes deberán mantener una comunicación fluida con el organismo para mitigar, en la medida de lo posible, los efectos negativos que esta situación pueda acarrear en sus obligaciones fiscales. La solución a este conflicto se presenta como un desafío que requerirá de negociación y flexibilidad por parte de todas las partes involucradas para evitar mayores perjuicios al funcionamiento del sistema tributario y aduanero argentino.
